Buen lobby y transparencia pública
Felipe Gutiérrez, CEO Concertum
La ley regula el buen lobbying o gestión de intereses, para definir el relacionamiento abierto, democrático y fundamentado entre los agentes privados y las autoridades públicas. Por antonomasia, el mal lobbying se caracteriza por el acceso privilegiado y clandestino de los agentes privados a dichas autoridades para definir marcos normativos, contratos o políticas públicas, que representan privilegios, favoritismos y, generalmente, actos de corrupción.
Hemos visto casos recientes de supuestos gestores de intereses que maniobran influencias para designar funcionarios o directivos públicos ad-hoc, para asegurar propósitos irregulares e ilegales, en desmedro de la sana competencia, del resguardo de los intereses del estado y, finalmente, ocasionando perjuicios para los ciudadanos. La Contraloría arriesga un cálculo de 24 mil millones de soles perdidos anualmente en corrupción, pero el monto real debe ser mucho mayor si incluimos obras innecesarias o inconclusas.
Cuando hablamos de la ley nos referimos a la No. 28024, su reglamento-D.S. 120-2019-PCM, a la Directiva 001-2022-PCM/SIP y, muy recientemente, a la Directiva 004-2023-PCM/2023, en la que se disponen algunos ajustes al Registro de visitas en Línea y al de Agendas Oficiales. No más reuniones en suites de Canán, Sarrateas, Brujas de Cachiche, ni visitas secretas en despachos de autoridades. En el Perú, es obligatorio que todo el que acuda a visitar una autoridad para hacer gestión de sus intereses o los de sus representados, REGISTRE tal reunión en el portal de la institución, la que está obligada a llevar un registro inmediato de TODAS esas visitas, bajo responsabilidad directa de un OPERADOR y de un ADMINISTRADOR, quienes finalmente responden por la oportunidad, veracidad, alcance y cobertura de la información correspondiente, ante los titulares de pliegos o máximos responsables.
No hay excusa para que un ministro, viceministro, director general, alcalde, gobernador, congresista, regulador, director o gerente público, se reúna con gestores de intereses y NO REGISTRE todas las citas en las que se traten temas vinculados al relacionamiento privado-público. No la hay tampoco para que un agente privado pretenda reunirse y plantear sus puntos de vista para afectar marcos normativos o regulatorios, definir contratos de bienes o servicios o gestionar privilegios o concesiones, de manera oculta o clandestina.
Adquiramos la sana práctica del buen lobbying. La salud democrática, la moralidad, el interés público y la buena gobernanza gerencial, se lo van a agradecer.