El lobbying y el estado de derecho
Felipe Gutiérrez CEO de Concertum
El acceso ordenado, libre y democrático a las autoridades que adoptan decisiones que impactan en la vida, economía y negocios de los ciudadanos, es un elemento clave del estado de derecho. Su antítesis viene en variadas formas: accesos privilegiados limitados a ciertas argollas, restricciones arbitrarias para acceder a los procesos de toma de decisiones, libertinaje en la discrecionalidad de las autoridades, condicionamientos indebidos o corrupción abierta.
Es perfectamente legítimo y además muy necesario, que los agentes privados accedan a las autoridades para exponer sus puntos de vista y lo es recíprocamente, que las autoridades se informen adecuada y suficientemente de las distintas posiciones y argumentos que ilustran las políticas públicas, los marcos normativos y las decisiones públicas. Lo saludable es que esa dinámica e interacción se realice abierta y transparentemente, con exposición ordenada de argumentos legales, técnicos, económicos y sociales, porque de esa manera se obtienen varias ventajas: decisiones públicas bien meditadas y fundamentadas, funcionarios públicos protegidos por procesos democráticos y abiertos, una economía sana de abierta y libre competencia y un Estado funcional y equilibrado.
Se suele presentar el lobbying como una actividad perniciosa y moralmente objetable, cuando en realidad ejercido legítimamente es el mejor antídoto contra la corrupción y contra decisiones públicas arbitrarias y desequilibradas. Quienes hablan mal de la actividad suelen ser los que desconocen los alcances de su versión legal y deseable o, cínicamente, quienes la ejercen clandestinamente.
Fomentemos el acceso abierto y legítimo a las autoridades públicas que inciden en el destino de nuestros negocios, de nuestros trabajos y de nuestra vida ciudadana.