Lamentablemente prima una aproximación distorsionada hacia la actividad de lobbying o relacionamiento entre privados y autoridades públicas. Se parte de la presunción sesgada que ese contacto tendrá características mercantilistas, de búsqueda de beneficios irregulares o privilegios y casi siempre, en un marco de clandestinidad y falta de transparencia. Si bien existen en la realidad muchas actos de gestión de intereses que adolecen de esos insalvables defectos, lo cierto es que hay maneras +éticas y profesionales, por demás necesarias y deseables, de realizar esta sensible práctica.
Todos hacemos o debemos hacer lobbying respecto de los intereses de nuestros negocios, emprendimientos, proyectos y actividades, con relación a las autoridades públicas que adoptan decisiones que definen los marcos normativos y las condiciones de competencia con las que nos movemos. De la forma y alcance que lo hagamos depende la supervivencia, continuidad, rentabilidad y competitividad de nuestras empresas. De esa forma o modalidad depende también el mantenimiento de la legitimidad, legalidad y reputación de las mismas y de sus miembros. El relacionamiento se considera profesional en la medida en que se base en fundamentos legales, técnicos, económicos y sociales y no en meras pretensiones o deseos y que se ejerza a través de fundamentaciones abiertas y presentaciones oficiales. Se considera ético si se realiza mediante un acceso transparente y democrático a las autoridades y sus equipos técnicos, en el que no se haga uso de ofrecimientos de prestaciones de contenido patrimonial directo o indirecto o de favorecimientos o ventajas de algún tipo. Es sano si anticipa las objeciones de las propias autoridades u otros grupos de interés, planteando soluciones equilibradas y beneficios que también alcancen a la comunidad, el consumidor y los stakehokders del producto o servicio que proveamos.
Así como los malos abogados o médicos no han logrado destruir las legítimas y muy necesarias prácticas del Derecho y de la Medicina, no debemos permitir que los malos lobistas estigmaticen la actividad de gestión de intereses. Tanto la sana y competitiva economía de mercado como la vigencia de un estado de derecho cabal, requieren que el intercambio de propuestas e intereses público-privados se desarrollen en un ambiente de transparencia y abierta discusión de ideas y propuestas bien fundamentadas.
Lobbying sí, pero profesional y ético.